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Contralor General se reunió en la ciudad de Huancayo con los jefes de las sedes regionales, Oficinas de Control Institucional y con el personal del Procedimiento Administrativo Sancionador de la región Centro.
La Contraloría, en la supervisión del uso de los recursos públicos en la región Centro, halló responsabilidades de tipo administrativo en 7,737 funcionarios, de carácter penal en 1,688 y de naturaleza civil en 1,936, principalmente entre 2010-2015. Asimismo, existen 1,595 funcionarios en el Procedimiento Administrativo Sancionador habiéndose sancionado a 154 funcionarios, de los cuales 32 son de los gobiernos regionales de Ayacucho, Ucayali, Huancavelica, Pasco y Junín.
La Oficina de Coordinación Regional Centro supervisa a 167 entidades de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Ucayali y Cerro de Pasco tanto en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales así como en las universidades públicas de la región.
El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, se reunió en la ciudad de Huancayo con los jefes de las sedes regionales, los jefes de las Oficinas de Control Institucional (OCI) y el personal del Procedimiento Administrativo Sancionador, con la finalidad de supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Control y motivarlos para continuar en la tarea constitucional de velar por el adecuado uso de los recursos del Estado.
Entre los casos emblemáticos presentados por los contralores de la región Centro son los siguientes:
- Compra irregular de maquinarias y vehículos por parte del Gobierno Regional. El exgobernador regional Wilfredo Oscorima ordenó la compra vía exoneración por causal de emergencia, pese a no existir esa situación, con el propósito de obviar el proceso de selección y favorecer a una contratista. Fue denunciado y condenado a 5 años de prisión por el delito de negociación incompatible. Hace unas semanas fue capturado y puesto en prisión. El presunto monto involucrado fue más de S/ 19 millones.
- Construcción del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena, rehabilitación y mejoramiento de los colegios Mariscal Cáceres y San Ramón. Altos funcionarios habrían gestionado la suscripción de convenios con la OIM para seleccionar proveedores al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras irregularidades, por lo cual fueron denunciados por la presunta comisión del delito de colusión ilegal. Presunto perjuicio económico: S/ 10 millones 200 mil.
- Construcción de canal de riego para comunidades del distrito de Paras, Cangallo, Ayacucho. Se identificó presunta responsabilidad penal en funcionarios de la Municipalidad Distrital de Paras, al haberse apartado del proceso arbitral con la finalidad de efectuar una transacción extrajudicial. Asimismo, aprobaron y pagaron valorizaciones con partidas no ejecutadas, entre otras irregularidades, ocasionando un presunto perjuicio económico de S/ 3 millones 883 mil.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Pampas, Tayacaja, Huancavelica. Se identificó presunta responsabilidad penal en funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, quienes habrían aprobado ampliaciones de plazo sin el debido sustento, así como el pago de partidas no ejecutadas, entre otras irregularidades, ocasionando un presunto perjuicio económico de S/ 5 millones 189 mil.
- Adquisición de vehículos médicos por parte del Gobierno Regional. Nueve de las 17 unidades fueron entregadas por la contratista sin la documentación respectiva, pese a lo cual no se les habría aplicado penalidades por el incumplimiento del contrato. Presunto perjuicio económico: S/ 2 millones 787 mil. Se identificó presunta responsabilidad civil de funcionarios del GR.
- Rehabilitación de carretera Izcuchaca-Huancavelica. Funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex servidores de Provías Nacional habrían autorizado la ampliación del plazo de obras sin la debida evaluación, entre otras irregularidades. Se identificó presunta responsabilidad civil. Presunto perjuicio económico: más de S/ 2 millones.
Huánuco
- Rehabilitación de la carretera Tingo María-Aguaytía. Tres ex funcionarios de Provías Nacional fueron demandados por presunta responsabilidad civil al permitir que se usara un expediente técnico antiguo que tuvo que ser rediseñado. Esta situación ocasionó que a la contratista se le ampliaran los plazos de ejecución de la obra. Presunto perjuicio económico: S/ 5 millones 684 mil.
- Ampliación y Remodelación del Estadio IPD de la provincia de Leoncio Prado. Se identificó presunta responsabilidad penal en funcionarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado por presuntas irregularidades en el proceso de selección y en la ejecución de la obra, que ocasionaron la resolución del contrato y que se encuentre inconclusa hasta la fecha. Presunto perjuicio económico: S/ 5 millones 290 mil.
- Compra de maquinaria por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca. La maquinaria no fue entregada en el plazo contemplado, sin embargo, funcionarios ediles habrían simulado su ingreso al almacén. Por este hecho se recomendó el inicio de acciones legales contra ellos. Presunto monto involucrado: S/ 2 millones 390 mil.
- Construcción de la carretera Vecinal Bella – Bella Alto Rio Tigre – Juan Santos Atahualpa. Se identificó presunta responsabilidad civil en funcionarios del Gobierno Regional Huánuco por recibir cartas fianzas de entidades no autorizadas, el pago de adelantos y la no ejecución de las garantías. Presunto perjuicio económico: S/ 1 millón 538 mil.
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