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Con la finalidad de realizar auditorías financieras a las entidades públicas, la Contraloría General de la República (CGR) anunció que propondrá una modificación en la Ley de Presupuesto para que a partir del año 2018, pueda asumir la contratación de los servicios de auditores de manera directa o a través de Sociedades de Auditoría (SOA) mediante concursos públicos.
Esta propuesta fue expuesta por el Contralor General Nelson Shack Yalta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso a propósito de la presentación de los resultados de la auditoría financiera a la Cuenta General de la República 2016.
Explicó que una medida de esta naturaleza se aplicaría a las entidades públicas cuando su presupuesto sea igual o superior a las 13,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a los S/ 52´650,000.00 o cuando sus activos totales sean iguales o superiores a las 16,000 UIT equivalente a S/ 64´800,000.00. De esta forma se evitaría que las SOA dejen de auditar las cuentas de 316 entidades tal como ocurrió el año 2016.
Shack Yalta, precisó que si bien algunas entidades cumplieron con solicitar la designación de los servicios de auditoría, el presupuesto que asignaron fue tan bajo, que ninguna SOA postuló. Para viabilizar esta propuesta, detalló, se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice las transferencias financieras a solicitud de la Contraloría para tal fin.
Asimismo, planteó que el MEF priorice la culminación del proyecto de “Modernización del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF SP II”, el cual deberá contener la clasificación de costos y presupuestos ejecutados, reportes financieros gerenciales, así como la generación de reportes de la medición de los indicadores del presupuesto de resultados.
Auditoría a la cuenta general
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, Shack informó que son 2,496 entidades y empresas del Estado las que rinden cuenta sobre el manejo de los recursos asignados y los resultados de gestión obtenidos durante el ejercicio fiscal 2016.
Precisó que, de este total, 42 no han sido consideradas en el informe, pues se encuentran con carácter de omisas. Muchas de ellas corresponden a empresas en situación de “no operativas” y “en liquidación”.
Con toda esta información el Órgano Superior de Control emitió una opinión sobre la situación presupuestaria y financiera; y de tesorería y deuda pública de las entidades del sector público. En el caso de estas dos últimas se emitió un dictamen limpio o sin salvedades; mientras que, en las dos primeras, el resultado de la auditoría fue con salvedades (es decir cuando el efecto de errores y/o limitaciones son importantes, pero no generalizados sobre los estados financieros).
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